Boletín 19 / 22 de mayo de 2012

Derechos humanos: la agenda relegada por todos los candidatos

Incorporar los derechos humanos al discurso y la retórica pero vivirlos como una molestia y no hacer nada para garantizar su defensa es la característica de los políticos, incluidos los candidatos, se dijo en el foro de Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración del país. Para abordar este tema participaron Miguel Concha, Edgar Cortez, Alfredo Zepeda, Abel Barrera, Clara Meyra, Edgar González Ruiz, Miguel Álvarez Ganda, David Fernández Dávalos y Eliana García Laguna.

Edgar Cortes, miembro del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, Lic. en filosofía y teología, exdirector del Centro Pro Juárez y exsecretario ejecutivo de la Red TDT, afirmó que sin diagnóstico no hay propuesta, que los programas de los candidatos dicen hay tal problema, pero no dicen quiénes son los responsables, cuáles son las causas, cómo se han generado históricamente.

Así pues, un primer tema es que se necesitan diagnósticos que deben incluir la revisión de las numerosas recomendaciones que se le han hecho a México, incluidas las de la Corte interamericana, sobre temas como acceso a justicia, violencia sexual, derechos de las mujeres, entre otros.

Hasta ahora, la alternancia política ha dejado de lado la transformación de las instituciones. Permanece la arquitectura creada por el priismo, instituciones creadas para el autoritarismo, el control social y el corporativismo. Cuando se les pide moverse para meter la lógica de derechos humanos no pasa nada. ¿Cómo construir un planteamiento de reforma desde las instituciones? He aquí 5 temas indispensables y urgentes (hay muchos más, pero en donde todo es prioridad nada es prioridad) en una agenda desde la izquierda para los derechos humanos:

Combate frontal a la impunidad política y económica. Un mensaje inequívoco y hechos muy claros de que se le va a poner un alto, llamar a cuentas a una larga lista de personajes: Romero Deschamps, los presidentes, Larrazábal. Si no hay una acción clara de vamos a llevar a cuentas a alguno de estos personajes, la credibilidad sería menor.
Combate a la impunidad contra empresas y monopolios. No seguir tolerando acciones de Televisa y otras empresas que se colocan por encima del aparato de justicia.
Darle vigencia al acceso a la justicia. El año pasado de acuerdo con la encuesta del INEGI de delitos, en el país se cometieron 28 millones de delitos y más de 21 no se denunciaron, porque la gente no cree en las instituciones. Hacer una reforma integral del sistema de justicia. Esto pasa por darle autonomía a procuradurías, sacarlas del ámbito del ejecutivo, plantear el rediseño del ministerio público.
Contar con una policía de investigación científica. Si queremos policías que combatan el lavado de dinero, no podemos tener a policías que usan la tortura.
Ningún sistema de justicia genera seguridad, lo que da es acceso a la justicia. La lógica del nuevo sistema es que van a tribunal los casos más graves pero los pequeños delitos se resuelven con salidas alternas, es un cambio jurídico y cultural. No más justicia como venganza. Construir una cultura que pase del castigo a la reparación del daño.
Reforma el sistema penitenciario: el art. 18 constitucional dice que el sistema penitenciario se organizará con base en los derechos humanos, la capacitación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción social del delincuente para que no vuelva a delinquir. ¿Cómo lograrlo? El sistema debe reconocer la diversidad cultural, incluyendo reclamos colectivos, no sólo individuales e incluir la perspectiva de género.
Seguridad ciudadana, desde abajo, no desde arriba. Los poderes deciden qué seguridad, qué estrategias; los ciudadanos queremos que se privilegie lo preventivo y se camine en paralelo con una política social que satisfaga los DESCA y con la participación de la gente.
Darle vigencia a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Dice, por ejemplo, que toda persona gozará de los derechos reconocidos en la constitución y los tratados internacionales. Dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con universalidad, progresividad, interdependencia. Suena bonito, pero hay que diseñar la estrategia para que se haga realidad. Generar recursos efectivos, sencillos y accesibles para que la gente reclame derechos. Que la implementación de la reforma no se vuelva más burocracia.
Diseñar un planteamiento frente a la pobreza desde los derechos humanos, un proyecto de satisfacción de los DESCA como columna de la estrategia de combate a la pobreza y ver cómo lo medimos. Recupero la recomendación 31 del diagnóstico hecha por el Alto comisionado de Naciones Unidas en 2003: formar un mecanismo independiente, con la participación de las universidades, que elabore anualmente un informe sobre el estado de la nación en el tema.

Miguel Concha Malo, director del Centro de derechos humanos fray Francisco de Vitoria, columnista y activista con larga trayectoria, señaló que en el 2006 alrededor de 24 organizaciones de promoción de derechos humanos realizaron un foro sobre derechos humanos para los candidatos de entonces y que los candidatos de PRI y PAN se negaron a participar. Después, pasó a señalar las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro país:

Desapariciones forzadas, uno de los crímenes de lesa humanidad más preocupantes, para el que el gobierno no ha implementado mecanismos de investigaciones eficientes.
Desplazamiento forzado de miles de personas debido a los conflictos y otras causas.
Más vulnerabilidad para pobres, indígenas, migrantes, mujeres y niñas y niños, como saldo de esta guerra contra el narco.
Del 2005 al 2010, el presupuesto para ejército y marina aumentó en 81.7%, cifra que contrasta con lo asignado a seguridad social, salud y educación.
Feminicidios: la media de mujeres asesinadas es de 31 años, la mayoría son solteras, un 17.2% de feminicidios se da contra menores de 19 años. Una de cada 20 mujeres asesinadas tenía menos de 5 años y un 2.4% no superó el año de vida.
En el derecho a la alimentación se acaba el apoyo para los campesinos.
En educación, pese al promedio de 7.9 años de escolaridad, no hay visión de estado sobre este derecho como motor de desarrollo.
Derechos laborales: tenemos la tasa de desempleo más alta de los pasados 15 años y un aumento de 28% del empleo informal. PRI y PAN insisten en reformar la ley laboral, en perjuicio de los derechos de los trabajadores.
Derecho al ambiente: la construcción de megaproyectos como presas y mineras ha hecho que la lucha se centre en la salvaguarda del territorio, de la tierra y los recursos naturales.
Derecho a la salud: la pobreza de más de 51% de la población refleja altos índices de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles, por falta de prevención.

Pese a propaganda sobre derechos humanos, no se adoptan las medidas para que la gente vea realizados sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las políticas carecen de perspectiva de derechos desde su diseño, son programas de compensación social.

En lo que respecta a la presencia del tema en las campañas, lo más interesante es que en este proceso electoral se han gestado procesos civiles como ejercicios de ciudadanía para el análisis y seguimiento de este tema. Por ejemplo, el Instituto mexicano de derechos humanos y democracia está haciendo una evaluación sobre propuestas de seguridad y justicia de los candidatos.

En respuesta a las manifestaciones de los jóvenes, el candidato del PRI sacó un manifiesto cuya intención parece buena pero en realidad es una reacción.

Las plataformas políticas presentadas dejan mucho que desear, sus líneas son las mismas. Permanece la seguridad como sinónimo de fuerzas armadas y estamos hasta el copete de que nos quieran introducir un régimen policiaco militarizado. Sólo cambia el color del partido. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales siguen pendientes. La venta de territorio es eje horizontal de las plataformas, el derecho a la consulta así como la transparencia y la información están degradados. La equidad de género está diluida.

La obligación de los aspirantes es darnos mejor información para decidir por quién votar.

Reconozco y respecto la demanda de derecho a la información hecha por los estudiantes. Esto es indispensable para una sociedad justa, democrática, plural.

Abel Barrera, director del Centro de derechos humanos Tlachinollan, de Guerrero, profesor de la UPN y columnista, consideró un acierto ver los derechos humanos como un problema nacional. En Tlachinollan, donde se da lucha directa de las comunidades por sobrevivir, vemos que los derechos humanos llegaron tarde a la agenda progresista y fueron incorporados con desconfianza.

Poco se aludía a los derechos, acaso porque se creía que eran inherentes a la construcción de una democracia liberal y elitista, donde lo cierto es que demandas de la mayoría son siempre pospuestas. La impunidad de facto que los panistas han prodigado a quienes hicieron la guerra sucia que tanto lastimó a Guerrero reforzó la idea de que mientras más se hablaba de derechos humanos más se encubrían los atropellos.

Insistir en que la lucha por los derechos humanos puede transformar al país parece una quimera, acaso por esto la izquierda partidaria los menciona muy poco. Tomemos el poder y luego resolveremos el problema, dicen, no importa asociarnos con los represores porque una vez en el poder lo resolveremos. En Guerrero se ha padecido esta lógica con dos gobiernos: el de Zeferino Torreblanca y el actual, de Ángel Aguirre, cuyas manos están manchadas con la sangre de los normalistas y la desaparición de ecologistas.

Las amenazas contra defensores de derechos humanos son una constante. A quienes habitamos Guerrero la coyuntura electoral no nos despierta esperanzas en este tema. Ni la corrupción ni la violación de los derechos humanos son exclusivos de una filiación. Para las comunidades y los pueblos de la montaña de Guerrero lo electoral sucede en la distancia y pierde su significado. Estos pueblos subsisten en un lugar donde la institucionalidad es evanescente y los derechos son sólo escritos. En cuanto a derechos civiles, la población padece abusos de la policía ministerial que es protegida por un sistema judicial opaco y corrupto. Tlachinollan ha documentado 300 casos en los últimos años.

En educación: Guerrero tiene 23% de analfabetismo, porcentaje que se eleva a 80% en la Montaña. Los derechos de las mujeres son nulos. El policía cómplice del narco no es muy distinto del conquistador y la forma en que se impone.

La apropiación y uso de derechos desde la lógica comunitaria es un instrumento de lucha y de cohesión para enfrentar a los poderosos. Ante la inútil militarización surge la reivindicación de las comunidades en torno a la policía comunitaria para defenderse.

Ante la minería se erige la defensa al territorio.

En respuesta a violación de los derechos políticos se erige la participación comunitaria en ejercicios asamblearios donde la palabra vale lo mismo para todos y el consenso priva.

Ante las violaciones de los derechos de las mujeres, crecen las defensoras que no hablan español y desafían todo para denunciar la violencia castrense.

Los derechos humanos en la montaña, al margen de las discusiones, se hacen presentes en las luchas que se dan, ahí persiste una utopía de derechos para todos.

Si quienes ocupan el poder y lo disputan reconocieran esta fuerza, se formarían compromisos sólidos, con definiciones claras, como el retiro del ejército, la reversión de la impunidad, la nula tolerancia para quien la cobija así sean aliados políticos y el fin del clientelismo y de las concepciones desarrollistas, además de que emprendería una profunda reforma al sistema de justicia y en materia política.

La adopción de posiciones claras en estos rubros no puede postergarse para luego de tomar el poder, se trata de contenidos que deben estar asumidos en las bases programáticas de los progresistas. A nadie debe sorprender que quienes desde la periferia luchan por los derechos humanos no depositen ahí toda su esperanza.

Alfredo Zepeda, jesuita, miembro del comité de derechos humanos de la sierra norte de Veracruz y de Radio Huayacocotla, señaló que en el debate los indígenas no fueron mencionados.

Agregó que es un lugar común decir que la violación a los derechos humanos es sistemática y que las débiles recomendaciones de CNDH sólo sirven para avalar las violaciones. Y refirió que aún así esta es la realidad pero que hay otro derecho violado del que prácticamente no se habla: el derecho al nombre, presente en la declaración universal. Para la gente de los pueblos indígenas que tienen otro sistema de nombres y apellidos, acomodarse a los nombres del sistema castellano ha sido muy duro. Su apellido viene del nombre de la madre y no hay segundo apellido y esto hace que en el sistema convencional parezca que tienen varios nombres y ningún apellido. El gobierno no entiende que se trata de un tema cultural y ha hecho del acta de nacimiento algo indispensable. Y el perder el nombre porque en el registro civil no saben cómo registrarlos se ha convertido en un símbolo de que todos los derechos en adelante les serán violados. Hay alejamiento de los gobiernos, desregulación, desmantelamiento institucional y agresión sobre los territorios. Ahí se ve porque todos los derechos humanos son violados.

No hay consideración hacia los campesinos indígenas, ahora son llamados productores, individuos, sin mediación de la comunidad, y tienen que luchar solos por cada derecho. El desastre es grande porque en una comunidad el individuo sólo existe si pertenece a una comunidad, al revés de la cultura occidental. Este tema no es menor y por eso por lo que más se ha luchado es por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es posible que un gobierno funcione para delante sin voltear para atrás y ver las causas de la violación de los derechos humanos, no desde la lejanía.

David Fernández Dávalos, sociólogo, jesuita, rector de la UIA Puebla, recibió el premio Human Rights Watch, articulista, afirmó que la situación de los derechos humanos en México se tiene que ver desde la securitización de la agenda y mencionó cuatro rasgos:

La crisis del estado, la polarización de la sociedad y la existencia de grandes espacios sociales al margen del estado.
La desarticulación de la sociedad mexicana, inmóvil, carente de propuestas para participar y tendiente a aceptar regresiones en aras de la seguridad.
La participación de soldados en temas de seguridad civil.
La aceptación de las prioridades de EUA en detrimento de los derechos humanos.

La campaña contra el crimen organizado trae al menos 60 mil muertos, 10 mil desaparecidos, centenares de heridos, maltrato a detenidos, procesos secretos, la asociación de las protestas con la criminalidad y creciente ataque y nulificación de protestas civiles. Las violaciones de los derechos humanos son frecuentemente aceptadas y demandadas socialmente. Las voces críticas contra ellas son menos que las que uno pudiera esperar. Esto está cambiando la relación entre la sociedad civil y el estado. Las tendencias positivas son frecuentemente socavadas.

Las campañas contra el narco tienen efectos contra los derechos de todo tipo: políticos, sociales, económicos, ambientales. A quienes protestan para defender el patrimonio natural se les niegan sus derechos, lo que genera más inestabilidad. Hay una aguda privatización de los servicios del estado que incluye la seguridad. Transfiere a la iniciativa privada, cuyo afán es el lucro no satisfacer un derecho social, temas fundamentales. Propuestas:

Frente a un entorno centrado en temas de seguridad, necesitamos terminar con la noción simplista de guerra contra el crimen organizado. Todo mundo discute la falta de seguridad pero ésta significa distintas cosas según quién hable: hambre y enfermedad para pobres, amenazas, para ricos, por poner sólo dos casos.
Una nueva pedagogía para cuestionar esta normalidad que se ha impuesto, enfatizar los valores que promueven los derechos humanos.
Esta nueva normalidad y los nuevos abordes militares sobre seguridad y nuevas tecnologías castrenses y la privatización nos llevan a discutirlo desde otro marco. Los principios de protección y empoderamiento deben ser enmarcados en términos de derechos humanos.
Frente a la privatización de prisiones y de la seguridad tenemos que poner atención a las formas de detención.
Alentar un marco legal que facilite la visibilidad y rendición de cuentas de agencias privadas de seguridad.
Frente al acoso de las organizaciones es vital hablar del rol de los partidos en los congresos como protección de las organizaciones. Fortalecer vínculos con actores no gubernamentales desde todos los sectores de gobierno. Para debilitar el paradigma actual hay que vincularse con otras ong.
Frente a la estrategia de seguridad:
- Ejército de regreso a los cuarteles, fortalecer el ministerio público.
- Revertir el estado policiaco.
- Suspender la ayuda a fuerzas armadas de EUA.
- Legalizar la marihuana y despenalizar otros consumos.
- Exigir compensación por daños a EUA toda vez que consumo, trasiego, lavado de dinero y armas se originan allá.
- Confiscar bienes de la economía criminal.
- Exhibir empresas que colaboran con la economía criminal.
- Programas de prevención para jóvenes.
- Terminar la promoción de valores que alientan la economía criminal.
- Incorporar a la sociedad civil en la prevención.
- Que lo confiscado se entregue a la sociedad civil y a proyectos juveniles y reducir el consenso social que apoya a la economía criminal.
- Establecer investigación sobre el tema en universidades mexicanas.

Eliana García Laguna, expresa de conciencia, docente, activista, fundadora de la Asociación cívica nacional revolucionaria y asesora legislativa del PRD, entre otros, señaló que su trabajo fundamental ha sido parar las reformas legales que buscan que todos seamos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ha constatado la bipolaridad legislativa: los mismos legisladores que aprueban leyes que garantizan derechos son capaces de aprobar las más nefasta iniciativas de ley, violatorias de derechos humanos, como la que establece sistemas de excepción.

Pese a eso, sí ha habido algunas legislaturas que han avanzado, por ejemplo con la ley de derechos humanos que aún no se vuelve realidad pero ahí está.

Explicó que necesitamos marcos legales que nos permitan defendernos, para poder decir ustedes están violando las leyes que ustedes mismos aprobaron.

Se refirió a la ley de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, que trata de llevar a la ley los protocolos internacionales para proteger a quienes están totalmente desprotegidos. Igualmente, dijo que hay avance con la Ley general de víctimas, propuesta por el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, pero señaló que ninguna ley puede resolver la cultura que tenemos. Esta ley pretende visibilizar a las víctimas. En un país donde tenemos 60 mil mexicanos asesinados, donde no hay un registro de desaparecidos, donde no sabemos cuántos lesionados y desplazados hay, visibilizar a las víctimas es un importante logro. Invito a apropiarnos de estas leyes, a aprovecharlas y conocerlas.

Enrique González Ruiz, abogado de la UASLP, doctor en ciencias políticas y exrector de la Universidad autónoma de Guerrero y asesor de víctimas de la guerra sucia, profesor en la UNAM y en la UACM, presidente de la Comisión de la verdad de Guerrero, se refirió a esta iniciativa.

La comisión de la verdad de Guerrero es un instrumento alternativo de justicia, dada la ineficacia de los instrumentos ordinarios. Fue creada por un acto del congreso local, que la dotó de facultades y recursos para que investigue el periodo de la guerra sucia. Esa comisión fue formada por ciudadanos que no son miembros de partidos ni funcionarios, sino de familiares de víctimas.

La comisión tiene atribuciones para hacer comparecer y declarar a quienes se les impute la comisión de delitos en Guerrero. Esto es fundamental porque muchas instancias no tienen facultades jurídicamente establecidas. Esto nos hace ver que su actuación podrá ser diferente y podrá obtener resultados.

Sus tareas son buscar la verdad, obtener justicia, buscar la reparación y crear la memoria histórica. Esto coincide con lo que hemos buscado durante un largo periodo y defino estos conceptos:

Derecho a la verdad: debe ser un derechos humano fundamental porque cuando la sociedad sufre hechos traumáticos y violencia por quienes deben protegernos, tiene derecho a la verdad, a saber cómo ocurrieron los hechos, quiénes intervinieron, en qué circunstancias, por qué esto sucedió, quiénes se beneficiaron. Llegar al fondo de las cosas.

Justicia: hay un parámetro que hay que saltar, el informe extraoficial de la comisión para estos crímenes creada por Fox, que da muy buena información pero no se procedió con ella.

Reparación del daño: aunque no es posible satisfacer todo lo que la gente espera, esta parte es importante y va más allá de las reparaciones materiales.

Memoria: como dejar constancia de estos hechos y tratar de que no se repitan.

No queremos que la Comisión se quede en la mediocridad de un informe que no sirva, ni generar expectativas que no se puedan cumplir. La magnitud del fenómeno es enorme. Algunos organismos de derechos humanos tienen miles de casos registrados, pero los que se pueden realmente trabajar son más complicados, hay que buscar aquello que jurídicamente tenga valor. Si la comisión funciona, se habrá dado muestra de que desde abajo, sin el poder del estado, los pueblos podemos traer justicia, verdad, reparación y memoria.

Miguel Álvarez Ganda, presidente de Serapaz, exsecretario ejecutivo de la Conai, señaló que hay una enorme potencial en la dinámica de los derechos humanos y que el desafío es cómo le hacemos para que la sociedad asuma la dimensión de derechos humanos como un rasgo de su cultura, no sólo de defensa, es decir, que se vuelva pro derechos humanos igual que ecologista, feminista o participativo. Una completa dimensión como identidad y cultura de derechos humanos conecta con la dignidad y en este momento de oscuridad, una clave de lo alternativo lo nuevo, lo humano está ligado a los derechos humanos.

Para más información comunicarse con:

Enrique Pérez, correo enrique.perez@anec.org.mx y tel. 55-1644-6708

Cecilia Navarro, correo bcecilia.navarro@gmail.com y tel. 55-5454-0678

*Información detallada sobre las mesas y los ponentes disponible en grandesproblemas.org.mx

Boletín 19 / 22 de mayo de 2012